Un empresario obliga a un trabajador a pagar más de 11.000 euros para conseguir el empleo y acaba condenado
Selección: Nueva Zelanda
Un empresario del sector agrícola ha sido condenado después de obligar presuntamente a uno de sus empleados a pagar más de 11.000 euros para conseguir un puesto de trabajo. El caso, que ha generado una fuerte indignación en Nueva Zelanda, destapa prácticas de explotación laboral contra trabajadores migrantes en plena industria del kiwi.
El protagonista de la investigación es Tarun Gautam, propietario de la ya desaparecida empresa Hariom Horticulture Limited, dedicada a la contratación de mano de obra para explotaciones agrícolas en la región de Bay of Plenty, ubicada en la costa noreste de la Isla Norte de Nueva Zelanda.
Según informó el Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo de Nueva Zelanda, el empresario exigió a uno de sus empleados el pago de más de 23.000 dólares neozelandeses (que equivalen aproximadamente a 11.700 euros) como condición para acceder al trabajo. Parte del dinero fue transferido a cuentas bancarias tanto en India como en Nueva Zelanda entre finales de 2022 y comienzos de 2023.
La investigación reveló además múltiples irregularidades laborales dentro de la empresa. Las autoridades detectaron que el empresario no llevaba registros adecuados sobre salarios, horas trabajadas, vacaciones o permisos y, además, incumplía el pago del salario mínimo legal.
La Autoridad de Relaciones Laborales (ERA, por sus siglas en inglés) —órgano legal independiente de Nueva Zelanda encargado de investigar y resolver disputas laborales— terminó imponiendo una multa total de 40.000 dólares neozelandeses (aproximadamente 20.300 euros) contra el empresario y su compañía.
La responsable del caso, Claire English, subrayó en su resolución la especial vulnerabilidad de las víctimas debido a su situación migratoria. “Se trata de un caso en el que el desequilibrio de poder ha permitido que un empresario local con experiencia emplee a varios inmigrantes vulnerables sin proporcionarles los derechos laborales mínimos”, recogía el medio 1news.
La magistrada también destacó que los visados de trabajo de los empleados los obligaban a permanecer vinculados a la empresa, aumentando así su dependencia y reduciendo sus posibilidades de denunciar los abusos.
Parte de la sanción económica irá destinada directamente a los trabajadores afectados. Cada uno de los cinco empleados recibirá 5.000 dólares (2.500€), mientras que el trabajador obligado a pagar por el empleo recibirá otros 5.000 dólares adicionales como compensación específica. El resto de la multa será entregado al Estado. Además, la empresa todavía mantiene deudas salariales pendientes con varios trabajadores, con atrasos que superan los 8.000 dólares (4.000€).
El caso salió a la luz después de una investigación de ocho meses desarrollada por la Inspección de Trabajo neozelandesa. Todo comenzó tras las denuncias presentadas por varios empleados migrantes durante 2024.
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Fuente: AS.com